MANIFIESTO "2004"
Miguel Cid Cebrián
Doctor en Derecho
Presidente y co-fundador de la Asociación Pro-Jurado
LA CONSOLIDACION DE LOS VALORES DEMOCRATICOS EN
LA INSTITUCION DEL JURADO
Con ocasión de la celebración de las elecciones generales en marzo de 2004 esta Asociación a través del Presidente que suscribe y los Vicepresidentes Profesores Antonio Lorca Navarrete y Manuel Lozano Higuero Pinto, realizó una reflexión sobre las diversas propuestas y contrapropuestas que en relación con la justicia realizaron los diversos partidos políticos, especialmente el PSOE y el PP y lo llamativo de la ausencia de ideas con relación a la Institución del Jurado, la única de marcado carácter ciudadano y por tanto democrático, que actúa en el seno de la justicia, y que debería, ya que se trata de unas elecciones generales, ser objeto tanto de reflexión como de debate.
Ahora, a menos de un año del X Aniversario de la aprobación definitiva de la Ley del Jurado, parece oportuno realizar una serie de reflexiones sobre la naturaleza de la Institución del Jurado y su proyección de futuro.
Decíamos y decimos ahora, con ocasión de la polémica planteada por algún caso sonado y sonoro y también por la crisis que sufre el llamado
“Pacto por la Justicia”, que la Institución del Jurado desde su instauración por la ley orgánica 5/1995 de 22 de mayo, viene funcionando con total normalidad, al margen de las interesadas polémicas que a veces se producen. Baste señalar que los veredictos del Jurado anulados o modificados en los recursos de apelación ante los Tribunales Superiores de Justicia que son quienes los revisan, no llegan al 4%, porcentaje inferior, incluso, al de los procedimientos en los que solo participan jueces o magistrados profesionales.
Asimismo, en este responsable ejercicio de la participación en la Institución del Jurado, además del valor de la libertad o la autonomía personal se potencian igualmente valores como el de la igualdad bajo la idea de que la justicia consiste en una distribución igualitaria de la libertad. A lo que hay que añadir otros valores como el de la eficiencia, puesto que en definitiva la justicia ejercida a través del Jurado busca ante todo conseguir la mejor adecuación entre la realidad social y el hecho enjuiciado, lo que compensa con creces el coste con que a veces se pretende minusvalorar e incluso descalificar a la Institución.
Debe recordarse, igualmente, también que la Institución del Jurado también fomenta de forma destacada el proceso de discusión y decisión democrática en la elaboración del veredicto que, como señala Jürgen Habermas es la única forma de constituir principios morales intersubjetivos como los de justicia. Posición que coincide con el consenso democrático necesario para alcanzar el juicio de justicia que se formula en el proceso de deliberación del Jurado, lo que evita a su vez posiciones elitistas sobre la Administración de Justicia que suelen darse por los detractores mas o menos encubiertos del Jurado.
En esta línea, todo partido político que tienda a profundizar y desarrollar nuestro sistema democrático, debería tener en cuenta la trascendencia de la Institución del Jurado en la mejora y asentamiento de los valores democráticos en nuestra sociedad a través de la constitucionalmente establecida participación en la Administración de Justicia, lo que conlleva no solo defender al Jurado en su formulación actual, sino a plantear seriamente su perfeccionamiento y el ámbito de sus competencias.
A tal efecto, nuestra asociación considera imprescindible no solo mantener el actual modelo de participación del ciudadano en la Administración de justicia que preserva de intromisiones a los ciudadanos que deliberan y resuelven sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, sino también adecuar las competencias de la Institución a otros delitos, como pueden ser los delitos contra la libertad sexual o contra las relaciones familiares o violencia de género, que tanta repercusión social tienen, sin descartar otras ampliaciones como las relativas a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, ahora limitados a los incendios forestales, o incluso a los delitos contra la libertad en toda su extensión.
Sobre esto último no debe de olvidarse que el principal objetivo de la Administración de Justicia como Servicio Público, es precisamente la defensa de los derechos fundamentales de la persona entre los que el de libertad junto con el derecho a la vida es primigenio.
Por ello, nos pareció un contrasentido que mientras se apoyaba la reforma de la Ley Penal del Menor para ampliar la participación de las víctimas mediante la acusación particular, al mismo tiempo se defendiera la idea de reducir la participación ciudadana, que es la esencia del jurado, a un acto simbólico
mediante la figura del escabinado, en el que el predominio de los jurados expertos en derecho, esto es Jueces y Magistrados, es absoluto en detrimento de esa participación que encuentra en el Tribunal del Jurado su instrumento mas adecuado, sin olvidar que al estar presidido por un magistrado profesional su configuración y entronque como órgano jurisdiccional ordinario es indudable. Alvaro Florez Estrada, de quien se ha conmemorado recientemente el 150 aniversario de su muerte, ya señaló con claridad que sin Jurado no habría verdadera libertad, al igual que el insigne marqués de Beccaría ya propugnó como “Ley uti1ísima, la que ordena, que cada hombre sea juzgado por sus iguales; porque donde se trata de la libertad y de la fortuna de un ciudadano, deben callar aquellas máximas, que inspira la desigualdad; sin que tenga lugar en el juicio la superioridad, con que el hombre afortunado mira al infeliz, y el desagrado con que el infeliz mira al superior”.
John Rawls, glosado por el profesor Carlos S. Nino, se pregunta si habría principios universales para aplicar a la estructura básica de la sociedad en la que hombres libres e iguales consentirían hipotéticamente en condiciones ideales, y considera que ello implica ver la justicia como
Pues bien, una de esas instituciones acordes con esta finalidad expuesta por Rawls es, indudablemente, la del Jurado que constituye sin duda alguna uno de los pilares básicos de las democracias modernas y mas avanzadas y la que mejor, como ha señalado acertadamente el Profesor Lorca Navarrete, ha coadyuvado a que, en un ámbito adversarial plenamente contrastado entre acusación y defensa, pueda alcanzarse el “ideal de la ciencia” procesal penal a que aludiera en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el eminente Ministro de Gracia y Justicia Manuel Alonso Martínez preclaro inspirador de la misma.
En definitiva, el que los partidos políticos, junto con los Poderes del Estado y la propia sociedad civil tengan en cuenta la Institución del Jurado para mejorarla y perfeccionarla y no para recortarla, devaluarla o diluirla, debe contribuir sin duda, no solo al progreso de nuestra justicia, que bien necesitada está de ello, sino lo que es mas importante, a la mejora y fortalecimiento de nuestra salud democrática.
Madrid, diciembre de 2004
“equidad”, o sea, como resultado de un procedimiento equitativo en el que seres racionales, libres e iguales, pudieran discutir sobre la aplicación de la justicia en la obtención de bienes primarios como la libertad, el patrimonio y el prestigio sin que estén afectados por sus circunstancias particulares de raza, religión, inteligencia, condición social, etc… .
Además de lo anterior, y desde un análisis riguroso de la Institución del Jurado, debería no solo tenerse en cuenta los factores positivos que contiene en su funcionamiento en orden a la participación de los ciudadanos en uno de los poderes clave de nuestro estado de derecho, como es el de la justicia, de acuerdo con el art. 125 de la Constitución, sino también y muy especialmente el que propicia además valores como el de la libertad entendida como autonomía personal que tiene amplio desarrollo en los miembros de la Institución cuando ejercen como tales, todo ello con el fin de satisfacer principios de justicia que contribuyen indudablemente al orden y la convivencia ciudadana.
