§16. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL.
Doctrina: La motivación de la sentencia se integra
como un requisito esencial de toda resolución judicial. A través de la
necesaria motivación no sólo se va a satisfacer la necesaria tutela judicial
efectiva, explicando las razones que llevan al Tribunal sentenciador a dictar
la resolución, sino que se va a permitir al Tribunal superior, en virtud de la
impugnación, que pueda comprobar la lógica y la racionalidad de la función
jurisdiccional. Ambas direcciones de la motivación tienen como destinatario al
ciuda-dano, que requiere la actuación judicial, y al pueblo, del que emana la
justicia. Además, a través de la motivación, el propio Tribunal de instancia
podrá comprobar, a manera de autocontrol jurisdiccional, si el ejercicio de esa
función responde a los presupuestos legales que permiten la adopción de la
resolución, pues la exteriorización de la decisión, a través de la motivación,
permite la comprobación de la concurrencia de los presupuestos de la aplicación
de la norma penal. JUICIO CON JURADOS.– Sentencia del magistrado-presidente
siguiendo el contenido del veredicto.– Sucinta explicación de las razones de la
convicción.– Proscripción de la arbitrariedad. La sentencia la dicta el
magistrado-presidente siguiendo el contenido del veredicto emitido por el
jurado, condenatorio o absolutorio, y se integra por la propia decisión del
jurado –la «sucinta explicación de las razones, según el art. 61.1 a) LO 5/1995
de 22 May. (Ley del Tribunal del Jurado)– y por las aportaciones que el
presidente del Tribunal del Jurado puede expresar en la fundamentación de la
sentencia, nacidas, no de su presencia en la deliberación, porque no ha
intervenido en ella, sino de su pertenencia al Tribunal, participando en el
desarrollo del juicio oral y decidiendo la no devolución del acta por las
causas del art. 62 o por la irracionalidad o arbitrariedad del veredicto,
conforme al art. 63.1 e), ambos LO 5/1995, este último interpretado en el
sentido de entender que la relevancia en el proceso de la deliberación y
votación, que señala este precepto como causa de devolución, incluye en su
contenido la necesidad de proscribir la arbitrariedad, obligación que
corresponde a los poderes públicos ante un veredicto irracional o arbitrario.
En este sentido, le es exigible al magistrado-presidente del Tribunal del
Jurado, que ejerce su función jurisdiccional, que complemente la motivación del
jurado sobre la prueba, no en lo referente a la convicción, sino a su carácter
de prueba de cargo, es decir, su consideración de prueba con capacidad para
enervar el derecho a la presunción de inocencia y en lo referente a la
proscripción de la arbitrariedad. Inexigencia del mismo grado de razonamiento
intelectual y técnico que debe pedirse al juez profesional. Cuando se trata de
veredictos del Tribunal del Jurado, es obvio que no puede exigirse a los
ciudadanos que lo integran el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico
que debe pedirse al juez profesional; por ello, el art. 61.1 d) LJ exige una
sucinta explicación de las razones de la convicción, las cuales deberán ser
complementadas por el magistrado-presidente, en tanto en cuanto pertenece al
Tribunal, atento al desarrollo del juicio, motivando la sentencia de
conformidad con el art. 70.2. LJ.En el acta del veredicto que elaboró el jurado
se declara, al abordar las cuestiones planteadas sobre la participación del
acusado absuelto y recurrente en casación en el delito de asesinato, «que este
hecho no ocurrió así», es decir, como se planteaba en el objeto del veredicto,
que entienden no probado. En la pregunta cuarta introdujeron un apartado en el
que indican la posible intervención de otra persona, manifestación del jurado
que, amparada en el art. 59.2 LJ, evidencia que en la convicción se representó
la ausencia de prueba respecto a la intervención del acusado recurrente y la
posibilidad de que la otra acusada, condenada por el hecho, fuera acompañada
por otra persona contra la que no se dirigió el procedimiento. El jurado
expresa de esta manera, analizando en conjunto el acta, su convicción
absolutoria del delito de asesinato de forma suficiente, rellenando la
necesidad de sucinta motivación, que tiene un contenido que deberá examinarse
en cada supuesto concreto y con la exigencia consistente en que la resolución
–el acta, en el caso– pueda justificarse por sí misma, es decir, se pueda
comprender por un tercero que la decisión no es arbitraria, sorprendente o
irracional. La exigencia de la sucinta motivación se debe comprobar en cada
caso concreto y valorando su suficiencia sobre un baremo consistente en que
alguien ajeno a la deliberación encuentre justificado el ejercicio de la
jurisdicción, permitiendo conocer el motivo de la absolución, la inexistencia
de pruebas sobre la participación en los hechos del acusado. Hay que
distinguir, de una parte, la motivación sobre los hechos y la motivación sobre
la aplicación del Derecho, o motivación de la subsunción, cuyas exigencias son
distintas. La motivación sobre los hechos supone la parte esencial de la
exigencia motivadora, en tanto es aquélla por la que se conoce el proceso de
convicción del órgano jurisdiccional sobre la culpabilidad de una persona, en
el sentido de participación en el hecho delictivo imputado, la que justifica el
ejercicio de la jurisdicción. Esta función sólo la puede realizar el órgano
jurisdiccional que ha percibido la prueba con la inmediación derivada de su
práctica. De otra parte, su exigencia será, obviamente, distinta si la
sentencia es condenatoria o absolutoria. En este supuesto, la motivación debe
satisfacer la exigencia derivada de la interdicción de la arbitrariedad (art.
9.3 CE), en tanto el órgano jurisdiccional debe señalar que en el ejercicio de
su función no ha actuado de manera injustificada, sorprendente y absurda, en
definitiva, arbitraria. En la sentencia condenatoria la motivación, además de
este contenido, debe expresar las razones por las que entiende que el derecho
fundamental a la presunción de inocencia ha sido enervado por una actividad
probatoria tenida por prueba de cargo. En otras palabras, la motivación de la
sentencia absolutoria se satisface en cuanto expresa una duda sobre los hechos
de la acusación, porque la consecuencia de esa duda es la no enervación del
derecho a la presunción de inocencia. La desestimación del motivo del recurso
de apelación, por inexistencia de la oportuna reclamación de subsanación,
carece de la necesaria apoyatura legal. En efecto, es cierto que el art. 846
bis c) a) LECrim. señala que el quebrantamiento de normas que se denunció en la
apelación exige que se hubiera efectuado la protesta de subsanación, salvo que
la impugnación realizada implicase vulneración de un derecho fundamental, pero
también lo es, como acertadamente pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en su
impugnación, que la redacción de los arts. 53 y 63 LJ, reguladores,
respectivamente, de la audiencia a las partes y la devolución del acta al
jurado, tan sólo señala la previa audiencia, y la posibilidad de protesta si el
magistrado presidente acuerda la devolución del acta al jurado, sin prever la
misma cuando no se produce tal decisión. Consecuen-temente, el motivo se
desestima, por cuanto el contenido de la impugnación en la apelación se refirió
a un derecho fundamental y por no estar prevista la protesta de subsanación por
la no devolución del acta. Si el magistrado presidente acoge el acta del jurado
y procede a convocar a las partes para su lectura por el portavoz del jurado
–art. 62 LO 5/1995–, no hay una previsión normativa que permita la audiencia,
la reclamación y, en su caso, la protesta que generaría el requisito al que
alude la impugnación. Al señalar el recurrente que la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia debió subsanar el defecto de motivación que achaca a la
sentencia del Tribunal del Jurado, olvida que la subsanación de la motivación
sólo es posible, como situación excepcional, respecto a aquellos apartados de
la subsunción sobre los que se haya producido una impugnación por falta de
motivación y sobre los que la sentencia impugnada, aunque con una insuficiente
motivación, contiene los elementos esenciales que lo permiten. No puede
exigirse a un Tribunal Superior, encargado del conocimiento de la apelación,
que subsane lo que considera ausencia de motivación respecto a un elemento
esencial de la resolución sobre el que no existen elementos de argumentación
básicos que permitan su desarrollo en la sentencia que resuelve la impugnación.
El art. 902 LECrim., nacido en un sistema de única instancia con impugnación
casacional, permite que, estimado un recurso articulado por infracción de ley,
consecuentemente casada la sentencia, debe dictarse una segunda sentencia
fijando definitivamente el contenido del fallo que resuelva el proceso penal,
con condena o absolución. Pero aquel precepto no debe ser aplicado en aquellos
supuestos en que, como ocurre en el caso, la sentencia del TS 2.ª ha casado la
recurrida de apelación, recobrando vigencia la sentencia dictada por el
Tribunal del Jurado en primera instancia. Por ello, el contenido del fallo de
la sentencia de casación será el de estimar el recurso formalizado, casar la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia y, consecuentemente,
declarar la firmeza de la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado.
Ponente: Martínez
Arrieta.
*
* *
En el recurso de casación por infracción
de ley interpuesto por la representación de José Antoni F. G., contra sentencia
de fecha 13 Mar. 1999, dictada por el TSJ Galicia, que declaró la nulidad de la
S 21 Oct. 1998, los componentes de la Sala 2.ª del TS se han constituido para
la votación y fallo bajo la Ponencia del Magistrado Sr. Martínez Arrieta,
siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente
representado por el Procurador Sr. Alvarez Alonso.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 1 de
Cangas de Morrazo, instruyó sumario 11/1996 contra José Antoni F. G., por
delito de asesinato, tenencia ilícita de armas y parricidio, y una vez concluso
lo remitió a la AP Pontevedra con el núm. 2/1999 de proce-dimiento del Tribunal
del Jurado, que con fecha 21 Oct. 1998 dictó sentencia que contiene los
siguientes hechos probados: «De acuerdo con el resultado del veredicto emitido
por el Jurado se declaran probados los hechos siguientes: Rosa G. A. se puso de
acuerdo con una persona desconocida para trasladarse con su marido Julio D. R.,
sobre las 24 h del 13 May. 1996, a una plataforma que se mete en el mar bajo el
puente de Rande en el coche del matrimonio, con la finalidad de que esa persona
desconocida acabase con la vida de éste, lo que así sucedió. Para llevar a cabo
estos hechos buscaron a propósito la noche y dicho lugar solitario. En ese
momento Rosa G. A. tenía alteradas parcialmente sus facultades mentales, lo que
disminuía su inteligencia y voluntad, como consecuencia de su inmadurez
neurológica y la medicación a la que estaba sometida. Una escopeta que portaba
José Antonio F. G. en meses próximos a los hechos, era de cañones recortados,
calibre 20 y munición del 5, sin guía ni licencia. No se estima como probado
por el resultado del veredicto del Jurado: Que sobre las 24 h del 13 May. 1996,
José Antonio F. G., se trasladó hasta una plataforma que se mete en el mar bajo
el puente de Rande en su coche e hizo cuatro disparos con una escopeta contra
Julio D. R., causándole la muerte. Que José Antonio preparó unos días antes,
con su prima Rosa G. A., la hora, el lugar y la forma en que mataría a Julio y
que José Antonio efectuó los disparos sorprendiendo a Julio sin que éste
tuviese ocasión para defenderse, escapar o evitar el ataque». SEGUNDO.- La
Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: «Fallamos:
Declarar la nulidad de la S 21 Oct. 1998 y del juicio del procedimiento de la
Ley del Jurado rollo 3003/1997, celebrado en la Sección Segunda de la AP
Pontevedra, a quien se le devolverá la causa para la celebración de nuevo
juicio con nuevo Jurado.» (. . .)
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- 1. La impugnación casacional a la que se
refiere este recurso plantea una oposición contra la sentencia dictada por el
TSJ en apelación de la dictada por el Tribunal de Jurado en la AP Pontevedra
que condenó a la acusada por un delito de parricidio al tiempo que absolvió al
otro acusado del delito de asesinato del que era acusado y la condena por un
delito de tenencia ilícita de armas. El TSJ estimó los recursos interpuestos
por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular contra la absolución y
declaró la nulidad del Juicio ante el Jurado y dispuso su repetición. Contra
esta sentencia el acusado, absuelto por el Tribunal de Jurado del delito de
asesinato, formaliza su oposición a la sentencia que articula en tres motivos.
En el primero denuncia la vulneración del art. 24 CE e indebida aplicación del
art. 61 LOPJ, entendiendo que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas
las garantías «al haberse resuelto que el veredicto absolutorio para mi
poderdante... no está suficientemente motivado y haber sido recurrida la
sentencia absolutoria». En el segundo motivo, también con invocación del art.
24 CE, denuncia la indebida aplicación del art. 846 bis c) ap. a), «en tanto
ninguna de las acusaciones hicieron en su momento la oportuna reclamación de
subsanación». En el tercer motivo, con la misma invocación del art. 24.2 CE,
denuncia la indebida aplicación del art. 240 LOPJ «por indebida aplicación de
la doctrina jurisprudencial relativa a la posibilidad de subsanación en vía de
recurso de determinados actos procesales». Los tres motivos guardan una estrecha
relación y por ello deben ser analizados conjuntamente, sin perjuicio de que
expongamos, sucintamente, las razones que abonan la desestimación de los
motivos segundo y tercero, centrando el núcleo argumentativo de esta sentencia
en el primer motivo. 2. La desestimación del segundo motivo, por inexistencia
de «la oportuna reclamación de subsanación», carece de la necesaria apoyatura
legal. En efecto, es cierto que el art. 846 bis c) ap. a) señala que el
quebrantamiento de normas que se denunció en la apelación exige que se hubiera
efectuado la protesta de subsanación, salvo que la impugnación realizada
implicase vulneración de un derecho fundamental. Pero también lo es, como
acertadamente pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en su impugnación, que la
redacción del art. 63, reguladora de la devolución del acta al Jurado, y del
art. 53, ambos de la LOTJ, regulador de la audiencia a las partes, tan sólo
señala la previa audiencia, y la posibilidad de protesta, si el Magistrado
Presidente acuerda la devolución del acta al Jurado, sin prever la misma cuando
no se produce tal decisión. Consecuentemente, el motivo se desestima por cuanto
el contenido de la impugnación en la apelación se refirió a un derecho
fundamental y por no estar previsto la protesta de subsanación por la no
devolución del acta. Si el Magistrado Presidente acoge el acta del Jurado y
procede a convocar a las partes para su lectura por el portavoz del Jurado
(art. 62 LOPJ) no hay una previsión normativa que permita la audiencia, la
reclamación y, en su caso, protesta que generaría el requisito a la que alude
la impugnación. 3. El tercer motivo, en el que denuncia la inaplicación del
art. 240 LOPJ, carece, igualmente, de base atendible. Señala el recurrente que
la sentencia del TSJ debió subsanar el defecto de motivación que achaca el
Tribunal a la sentencia del Tribunal de Jurado, con olvido de que la
subsanación de la motivación sólo es posible, y como situación excepcional,
respecto a aquellos apartados de la subsunción sobre los que se haya producido
una impugnación por falta de motivación y sobre los que la sentencia impugnada,
aunque con una insuficiente motivación, contiene los elementos esenciales que
lo permiten. No puede exigirse a un Tribunal Superior, encargado del
conocimiento de la apelación, que subsane lo que considera ausencia de
motivación respecto a un elemento esencial de la resolución sobre el que no
existen elementos de argumentación básicos que permitan su desarrollo en la
sentencia que resuelve la impugnación. Cuestión distinta sería la exigencia de
una motivación de los hechos por el Magistrado Presidente del Tribunal de
Jurado. La sentencia la dicta el Magistrado-Presidente siguiendo el contenido
del veredicto emitido por el Jurado, condenatorio o absolutorio, y se integra por
la propia decisión del Jurado, la «sucinta explica-ción de las razones...»
[art. 61.1 a) LOTJ] y por las aportaciones que el Presidente del Tribunal del
Jurado puede expresar en la fundamentación de la sentencia nacidas, no de su
presencia en la deliberación porque no ha participado en ella, sino de su
pertenencia al tribunal participando en el desarrollo del juicio oral y
decidiendo la no devolución del acta por las causas del art. 62 o por la
irracionalidad o arbitrariedad del veredicto, conforme al art. 63.1 e),
interpretado en el sentido de entender que la «relevancia en el proceso de la
deliberación y votación» que señala este precepto como causa de devolución
incluye en su contenido la necesidad de proscribir la arbitrariedad, que
corresponde a los poderes públicos ante un veredicto irracional o arbitrario.
En este sentido es exigible al Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado,
que ejerce su función jurisdiccional, que complementa la motivación del Jurado
sobre la prueba, no en lo referente a la convicción sino a su carácter de
prueba de cargo, es decir, su consideración de prueba con capacidad para
enervar el derecho a la presunción de inocencia y en lo referente a la
proscripción de la arbitrariedad. SEGUNDO.- 1. En el primer motivo
denuncia la indebida aplicación del art. 61 LOTJ arguyendo que, frente al
criterio del TSJ, el veredicto absolutorio del delito de asesinato dictado por
el Jurado aparece suficientemente motivado, pues las expresiones «los hechos no
ocurrieron así», «los hechos no están suficientemente probados», o la
modificación del objeto del veredicto en el sentido de sustituir la
identificación del acusado, ahora recurrente, por el de «u otra persona no
relacionada ni vinculada al procedimiento», evidencian que el Jurado ha motivado
la absolución indicando que no se desvirtuó la presunción de inocencia,
argumentación que rellena la exigencia de «sucinta motivación» que exige el
art. 61 LOTJ. 2. El motivo debe ser estimado. Hemos declarado que la motivación
de la sentencia se integra como un requisito esencial de toda resolución
judicial. A través de la necesaria motivación no sólo se va a satisfacer la
necesaria tutela judicial efectiva, explicando las razones que llevan al
tribunal sentenciador a dictar la resolución, sino que va a permitir al
Tribunal superior, en virtud de la impugnación, que pueda comprobar la lógica y
la racionalidad de la función jurisdiccional. Ambas direcciones de la
motivación tienen como destinatario el ciudadano, que requiere la actuación
judicial, y el pueblo, del que emana la justicia. Además, a través de la
motivación, el propio tribunal de instancia podrá comprobar, a manera de
autocontrol jurisdiccional, si el ejercicio de esa función responde a los
presupuestos legales que permite la adopción de la resolución, pues la
exteriorización de la decisión, a través de la motivación, permite la
comprobación de la concurrencia de los presupuestos de la aplicación de la
norma penal (TS S 1658/1999 de 15 Nov.). En esta exigencia hemos de distinguir,
de una parte, la motivación sobre los hechos y la motivación sobre la
aplicación del derecho, o motivación de la subsunción, cuyas exigencias son
distintas. La motivación sobre los hechos supone la parte esencial de la
exigencia motivadora en tanto es aquella por la que se conoce el proceso de
convicción del órgano jurisdiccional sobre la culpabilidad de una persona, en
el sentido de participación en el hecho delictivo imputado, la que justifica el
ejercicio de la jurisdicción. Esta función sólo la puede realizar el órgano
jurisdiccional que ha percibido la prueba con la inmediación derivada de la
práctica de la prueba. De otra parte, su exigencia será, obviamente, distinta
si la sentencia es condenatoria o absolutoria. En este supuesto, la motivación
debe satisfacer la exigencia derivada de la interdicción de la arbitrariedad
(art. 9.3 CE), en tanto que el órgano jurisdiccional debe señalar que en el
ejercicio de su función no ha actuado de manera injustificada, sorprendente y
absurda, en definitiva, arbitraria. En la sentencia condenatoria la motivación,
además de este contenido, debe expresar las razones por las que entiende que el
derecho fundamental a la presunción de inocencia ha sido enervado por una
actividad probatoria tenida por prueba de cargo. En otras palabras, la
motivación de la sentencia absolutoria se satisface en cuanto expresa una duda
sobre los hechos de la acusación, porque la consecuencia de esa duda es la no
enervación del derecho a la presunción de inocencia. Por otra parte, tratándose
de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado es obvio que no puede
exigirse a los ciudadanos que integran el tribunal el mismo grado de
razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al juez profesional y por
ello la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado exige una «sucinta explicación de
las razones...» [art. 61.1 d)] en el que ha de expresarse las razones de la
convicción, las cuales deberán ser complementadas por el Magistrado-Presidente
en tanto en cuanto pertenece al tribunal atento al desarrollo del juicio, en
los términos antes analizados, motivando la sentencia de conformidad con el
art. 70.2 LOTJ. 3. Desde la perspectiva expuesta analizaremos el Acta del
Veredicto que elaboró el Jurado. En éste se declara, al abordar las cuestiones
planteadas sobre la participación en el delito de asesinato por el acusado
absuelto y ahora recurrente «que este hecho no ocurrió así», es decir, como se
planteaba en el objeto del veredicto que entienden no probado (preguntas 1 a 3
del objeto de veredicto). En la pregunta cuarta, introdujeron un apartado en el
que indica la posibilidad de intervención de otra persona, manifestación del
Jurado que, amparada en el art. 59.2 LOTJ, evidencia que en la convicción del
Jurado se representó, de una parte, la ausencia de prueba respecto a la
intervención del acusado hoy recurrente, y la posibilidad de que la otra
acusada –condenada por el hecho– fuera acompañada de otra persona contra la que
no se dirigió el procedimiento. De igual manera procedieron con respecto a la
cuestión 11.ª del objeto del veredicto. El Jurado expresa de esta manera,
analizando en conjunto el acta, su convicción absolutoria del delito de
asesinato de forma suficiente rellenando la exigencia de sucinta motivación,
respecto a la que hemos dicho tiene un contenido que deberá examinarse en cada
supuesto concreto y con la exigencia consistente en que la resolución, en este
caso, el acta, pueda justificarse por sí mismo, es decir, se pueda comprender
por un tercero que la decisión no es arbitraria, sorprendente o irracional. La
motivación de la sentencia del TSJ se apoya en el contenido de una sentencia de
esta Sala (TS S 11 Mar. 1998), que resolvió una impugnación sustancialmente
distinta. En el supuesto de la sentencia enunciada el Tribunal de Jurado había
declarado probada la participación del acusado en el delito objeto de la
acusación y sin embargo se le absolvía del mismo por una causa de
inculpabilidad cuyos presupuestos no se declararon expresamente probados. Por
ello se afirmó que la motivación no era razonable. En el mismo sentido, la TS S
23 Dic. 1998, en la que se llega a una idéntica conclusión al no motivar sobre
los presupuestos de una causa de justificación, concluyendo «las escuetas
afirmaciones en el acta sobre los hechos, tal vez tenían sentido para los miembros
del Jurado que sobre ellos habían discutido, pero son prácticamente
inexistentes para quien no hubiera participado en ellos». Por ello, y como
antes señalamos, la exigencia de la sucinta motivación se debe comprobar en
cada caso concreto y valorando su suficiencia sobre un baremo consistente en
que alguien ajeno a la deliberación encuentre justificado el ejercicio de la
jurisdicción, permitiendo conocer el motivo de la absolución en este caso, la
inexistencia de pruebas sobre la participación en los hechos del acusado.
Extremo que en el presente caso se constata. Consecuentemente, el motivo se
estima. TERCERO.- En este fundamento abordaremos la necesidad de dictar
una segunda «sentencia que proceda conforme a derecho, sin más limitación que
la de no imponer penas superiores a la señalada en la sentencia casada o en la
que correspondería...» (art. 902 LECrim.). Este precepto, nacido en un sistema
de única instancia con impugnación casacional, permite que, estimado un recurso
articulado por infracción de ley, consecuentemente casada la sentencia, debe
dictarse una segunda sentencia fijando definitivamente el contenido del fallo
que resuelva el contenido del proceso penal, con condena o absolución. Pero no
debe ser aplicado en aquellos supuestos en los que, como en el presente, la
sentencia de esta Sala ha casado la recurrida de apelación recobrando vigencia
la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado en primera instancia. Por ello
el contenido del fallo de la sentencia de casación será el de estimar el recurso
formalizado, casar la sentencia dictada por el TSJ y, consecuentemente,
declarar la firmeza de la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado.
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos haber
lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la
representación del acusado José Antoni F. G., contra la sentencia dictada por
el TSJ Galicia, de fecha 13 Mar. 1999 dictada en apelación contra la sentencia
del Tribunal de Jurado de fecha 21 Oct. 1998 constituido en la Sección Segunda
de la AP Pontevedra. Consecuentemente se casa la sentencia dictada por el TSJ
Galicia y se declara la firmeza de la dictada por el Tribunal de Jurado de la
AP Pontevedra cuyo fallo se confirma. Se declara de oficio las costas causadas.
Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Sr. Puerta Luis.– Sr. Conde-Pumpido
Tourón.– Sr. Giménez García.– Sr. Martínez Arrieta.– Sr. Ramos Gancedo.