§313. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
Doctrina: LA
Ley de Arbitraje ESTABLECE LA OBLIGATORIEDADA DEL CONVENIO ARBITRAL PARA LAS
PARTES QUE LO HAN ESTIPULADO Y LA IMPOSIBILIDAD DE QUE JUECES Y TRIBUNALES
PUEDAN LLEGAR A CONOCER DE LAS CUESTIONES LITIGIOSAS QUE DICHAS PARTES
ACORDARON SOMETER A ARBITRAJE.
Ponente: Jose Vázquez Sandes.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1. El Procurador
D. Miguel Lara de la Plaza, en
representación de "G., S.L.", formuló demanda de juicio declarativo
ordinario de menor cuantía, contra la entidad "M., S.A.", en la que
tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación,
terminó suplicando se dite sentencia por la que, estimando la demanda, se
declara la compensación de los créditos que mutuamente ostentan demandante y
demandada, en la parte concurrente, es decir, 4.144.000 pts (cuatro millones
ciento cuarenta y cuatro mil pesetas) y se condene a la entidad demandada
"M., S.A." a otorgar escritura pública de compraventa (previa
segregación a su costa) de la parcela ... de la "Urbanización M." de
Marbella, libre toda carga o gravamen, a favor de mi mandante bajo
apercibimiento a la demandada que de no verificarlo la otorgará el juez de
oficio, se condene a la entidad demandada al pago a mi representado de la suma
de 56.000 ptas. (cincuenta y seis mil pesetas), condenándola asimismo a los
daños y perjuicios que se determinen en ejecución de sentencia, todo ello con
expresa condena a las costas que se causen en este juicio. 2.- Admitida la demanda
y emplazada la demandada, compareció en su representación el Procurador D.
Enrique Carrión Mapelli, quien contestó a la misma, formulando la excepción de
sometimiento a arbitraje, dictando en su día sentencia estimando la excepción
sin entrar a conocer el fondo del asunto e imponiendo las costas al actor. De
no ser estimada la excepción propuesta, se absuelva libremente a mi mandante de
la demanda con imposición de costas a la parte actora. 3.- Tramitado el procedimiento,
el Juez de Primera Instancia núm. 3 de los de Málaga, dictó sentencia el 17 de
octubre de 1994, cuyo Fallo era el siguiente: "Que acogiendo la excepción
dilatoria de sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje, y desestimando la
demanda presentada por el Procuradora Sr. Lara de la Plaza en nombre y
representación de "G., S.L." contra "M., S.A.", debo absolver
y absuelvo a ésa en la instancia, ello con imposición a la actora de la
obligación de abonar las costas causadas". SEGUNDO.- Apelada la
anterior sentencia por la representación de la demandante, y tramitado el
recurso con arreglo a derecho, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de
Málaga, dictó sentencia el 3 de octubre de 1995, cuyo Fallo era el siguiente:
"Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D.
Miguel Lara de la Plaza en nombre y representación de "G., S.L.",
debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada el día diecisiete de
octubre de 1994 por el Juzgado de Primera Instancia núm. tres de Málaga en el
Juicio Declarativo Ordinario de Menor Cuantía seguido con el núm. 817 de 1993,
e imponemos a la apelante las costas del recurso". TERCERO.- 1.
Notificada la resolución anterior a las partes, por la representación de
"G., S.L.", se interpuso recurso de casación con apoyo en los
siguientes motivos: Primero.- Se ampara en el numero 1 del artículo 1692 de la
LEC y denuncia la infracción de los arts. 3.1 y 5 de la Ley 36/88 de 5 de
diciembre de Arbitraje privado, sobre los requisitos para la validez del
convenio arbitral. Segundo.- Se ampara en el número 1 del art. 1692 de la LEC y
denuncia la infracción de los arts. 58.2, 79.1 y 533 de la LEC, y 11 de la ley
36/88 de 5 e diciembre de Arbitraje Privado, sobre el planeamiento de la
excepción de sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje. 2.- Admitido el
recurso y conferido traslado a la recurrida, por el Procurador Sr. De la Cruz
Ortega, en representación de "M., S.A.", se presentó escrito
solicitando se tenga por impugnado el recurso y se desestime íntegramente el
mismo. 3.- Examinadas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo del
presente recurso el día 7 de diciembre del corriente, fecha en que ha tenido
lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. José Ramón Vázquez Sandes.
PRIMERO.- Sentenciado en ambas
instancias que la cuestión litigiosa ha de ser resuelta por árbitros al haberse
sometido así las partes en el contrato en que la decisión se adopta, recurre en
casación la demandante, siempre al amparo del art. 1692.1 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por dos motivos de los cuales el primero denuncia haberse cometido, por
la Audiencia, infracción de los arts. 3.1 y 5 de la Ley 36/88 de 5 de diciembre
, de Arbitraje, sobre los requisitos de validez respecto al convenio arbitral
que se ha tenido en cuenta para resolver. Señala al entidad recurrente que de
las cláusulas decimoprimera y decimotercera del contrato de compraventa cuyo
cumplimiento y ejecución se reclama, no se desprende la voluntad inequívoca de
la partes de someter las cuestiones litigiosas a arbitraje, como exige aquel
art. 5. El incuestionable sometimiento a la decisión de árbitros de concretas
cuestiones que puedan surgir en determinadas relaciones jurídicas de quienes
así manifiestan su voluntad de sumisión exigido como voluntad inequívoca en el
art. 5 de la Ley, no requiere más presupuesto que ese y no implica que aquélla
haya de ser una sumisión para el total de las diversas consecuencias que puedan
derivarse de una determinada relación jurídica, cómo ha de deducirse de las
mismas expresiones posibilísticas del precepto cuando habla tanto de
"todas las cuestiones litigiosas" o de "algunas de estas
cuestiones", porque ha de ser la voluntad de las partes la que delimitará
el ámbito de la facultad decisoria fuera del de los tribunales ordinarios. En
tales posibilidades no ofrece duda que, a los expresados fines resolutorios, se
encuentra el contrato celebrado el 2 de enero de 1991 entre las partes aquí
litigantes para la compra de una parcela conteniendo la cláusula que
literalmente dice así: "Si en la interpretación o ejecución de este
contrato surgieran diferencias entre las pares, transcurridos quince días sin
conseguir acuerdos, habrán de someterse a un arbitraje, tal como se regula en
la Ley." Esta cláusula, que no ofrece problemas interpretativos, no se
desvirtúa por la salvedad que, separadamente en la misma, se establece sobre el
medio de cobro de la parte de precio incorporado, para su efectividad, a letras
de cambio en estos términos: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, podrá acudirse a los Tribunales Ordinarios, ejercitando acción ejecutiva
para el cobro de las letras de cambio aceptadas por la compradora en pago del
precio aplazado en la cuantía y circunstancias que se determinarán en la
cláusula Segunda". Respeta esta salvedad la decisión sumisoria que le
precede y aún pueden las partes someterla a ella como facultad optativa que,
desde la expresión "podrá", corresponde al librador de las letras de
referencia para acudir a las garantías de segura efectividad, celeridad y
limitación procesal el juicio ejecutivo.
No menos compatible con lo anterior es la, invocada en sentido
contrario, cláusula del precitado contrato en renuncia de fuero -"los
contratantes, con renuncia a su fuero si lo tuvieran, acuerdan someterse a los
Juzgados y Tribunales de Málaga"- pues pudiendo fracasar el convenio de
sumisión a árbitros, por renuncia expresa de ambas partes (art. 11.2 de la
ley), por no aceptación de los árbitros designados (art. 15.2), por oposición
prosperable al arbitraje (art. 23.2), por desatención al plazo resolutivo (art
30.2) y por anulación del laudo (art. 45), las partes han de solucionar sus
discordías jurídicas ante la jurisdicción ordinaria. En previsión de que esto
ocurra cabe establecer la renuncia de fuero, si se tiene, y la sumisión a
jueces de determinado territorio según lo permite el art. 56 de la Ley de
Enjuiciamiento civil y como se ha hecho a los efectos posibles antes expuestos.
Ajustado al convenio arbitral adoptado por los litigantes a las prescripciones
de la ley 36/1988, como exige su art. 3.1, y sin perjuicio de la suerte que
pueda correr en su ulterior desarrollo, habrá de desestimarse este primer
motivo de recurso. SEGUNDO.- El segundo motivo de recurso denuncia
haberse cometido, en la sentencia recurrida infracción de los art. 58.2, 79.1 y
553 de la ley de Enjuiciamiento Civil y del art. 11 de la Ley 36/88 de 5 de
diciembre de Arbitraje, sobre el planteamiento de la excepción procesal de
sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje. Referidos los dos primeros preceptos
reseñados a cuestiones de competencia territorial entre jueces de igual
jurisdicción e igual competencia, no tienen aplicación alguna en este supuesto
que se nos somete y que tiene normas especificas que lo regulan en ese particular.
El art. 11 de la Ley 36/88 establece la obligatoriedad del convenio arbitral
para las partes que lo han estipulado y la imposibilidad de que Jueces y
Tribunales, caso de que alguna de aquellas llegue a someterselas, puedan llegar
a conocer de las cuestiones litigiosas que dichas partes acordaron someter a
arbitraje, siempre que la parte a quien interese "lo invoque medíante la
oportuna excepción", entendiéndose que se renuncia a lo convenido cuando,
interpuesta demanda por cualquiera de esas partes, "el demandado o
demandados realicen, después de personados en el juicio, cualquier actividad
procesal que no sea la de proponer en forma la oportuna excepción". Este
precepto ha de interpretarse en función de la clase de procedimiento en que surja
la cuestión y de lo prevenido en el art. 533.8 de la Ley de Enjuiciamiento
civil. Como excepción dilatoria que puede ser "la sumisión de la cuestión
litigiosa a arbitraje" habrá de proponerse, para que pueda producir
su efecto característico de suspender
el curso de la demanda, dentro de los seis días siguientes al de notificación
del proveído mandando contestar a la demanda y pueden alegarse también al
contestar con la consecuencia de no suspender aquel curso según dispone el art.
535 de la ley procesal civil. Pero ajustándonos
a las posibilidades que proporcione el juicio declarativo de menor cuantía, que
ha sido el aquí promovido y seguido, el art. 687 de la misma ley establece como
momento procesal único para proponer las excepciones, tanto las dilatorias como
las perentorias, el de la contestación a la demanda para ser resueltas, en su caso,
en el acto de comparencia que impone el art. 691 y permite solucionar el art.
693.4 o, de otro modo, en sentencia impidiendo o permitiendo, según se estimen
o no, resolver sobre el fondo del pleito. En consonancia con esta tasa de
posibilidades han de entenderse los términos del art. 11 de la Ley de Arbitraje
que no establece un especial momento procesal para excepcionar y en tal sentido
ha de tomarse su párrafo segundo haciendo compatibles la posibilidad de
excepcionar con la de oponerse a la demanda ante el evento, al no contar con
otro momento procesal para esto ultimo en el juicio de menor cuantía, de que el
Juez desestime la excepción y resuelva sobre la pretensión actora sin que se le
haya formulado oposición. Lo que no permite el precepto a tales efectos es la
omisión de la alegación de excepción o la manifestación de una voluntad
contradictoria de su posibilidad medíante la formulación de reconvención que
equipararía a demandado -dado que la reconvención constituye demanda- con demandante
en clara renuncia de ambos al convenio de sumisión a árbitros. Que no se
produce sumisión tácita cuando se excepciona al contestar lo ha venido
sosteniendo la jurisprudencia en sentencias que van desde la de 17 e abril de
1986 hasta las de 20 de enero de 1933, 21 de marzo de 1963 y 2 de marzo de
1991. Producida, pues, en tiempo
procesal oportuno y en forma legal para este procedimiento de menor cuantía la
excepción prevista en el art. 533.8 ya citado, ha de desestimarse el motivo de
recurso. TERCERO.- La desestimación del recurso lleva, por aplicación de
lo dispuesto en el art. 1715 de la Ley rituaria, a imponer a la recurrente las
costas de este recurso con pérdida del depósito que tiene constituido. Por lo
expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos
no haber lugar al recurso de casacion interpuesto por "G., S.L.",
representada por la Procuradora Dª Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld contra la
sentencia dictada en fecha 3 de octubre de 1995 por la Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Málaga. Condenamos a dicha recurrente al pago de las
costas procesales ocasionadas en este recurso y a la pérdida del depósito que
en su día constituyo. Notifíquese esta resolución a las partes y comuníquese a
la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de los
autos y rollo que en su día remitió. Así por esta nuestra sentencia, que se
insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Román García Varela.- Jesús
Corbal Fernández.- José Ramón Vázquez Sandes. Publicación.- Leída y publicada
fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José Ramón Vázquez Sandes,
Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando
Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo
que como Secretario de la misma, certifico.