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UN JURADO DECLARA CULPABLES A DOS CATEDRÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Un jurado ha declarado culpables al exdecano de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU, Francisco Javier Goiriena, y la exdirectora del Departamento de Estomatología, Monserrat Barranquero, de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documento mercantil, según han confirmado fuentes jurídicas.

Los miembros del jurado debían deliberar sobre la culpabilidad o no de los acusados en el juicio que se inició en la Audiencia Provincial de Vizcaya el pasado 14 de septiembre y que se ha prolongado a lo largo de tres semanas. Los acusados se enfrentan a una petición de 10 años de prisión y 14 de inhabilitación profesional.
El fiscal considera que, entre los años 1994 y el 2000, los acusados aprovecharon sus cargos en la Universidad para destinar dinero de la institución académica a sus fines particulares. En sus conclusiones, el fiscal rebajó de 750.000 a 160.000 euros la reclamación de indemnización para la UPV.
La fiscal y las acusaciones sostienen que Goiriena y Barranquero "se enriquecieron" con fondos públicos y desviaron dinero destinado a proyectos de investigación o másteres. De esta forma, creen que, en la vista oral, quedó acreditada la existencia de facturas falsas que se emitieron desde 'sociedades-pantalla' de los acusados que tenían como único cliente a la Universidad del País Vasco.
Las defensas pidieron la absolución de sus clientes al argumentar que los fondos que terminaron en poder de los acusados no eran públicos, sino que salían de instituciones privadas para llevar a cabo convenios y cursos. El presidente del tribunal del jurado deberá dictar ahora sentencia con la concreción de la pena tras la deliberación del jurado.
 
 
(EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya ha condenado al exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Francisco Javier Goiriena, y la exdirectora del Departamento de Estomatología, Monserrat Barranquero, a cinco años y tres meses de prisión a cada uno, a inhabilitación absoluta durante nueve años y a pagar conjuntamente 168.000 euros como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con el de malversación de caudales públicos.
El jurado les declaró culpables de estos delitos el pasado 9 de octubre, tras deliberar sobre la culpabilidad o no de los acusados en el juicio se inició en la Audiencia Provincial de Vizcaya el pasado 14 de septiembre y que se ha prolongado a lo largo de tres semanas.
El fiscal consideraba que, entre los años 1994 y el 2000, los acusados aprovecharon sus cargos en la Universidad para destinar dinero de la institución académica a sus fines particulares, por lo que solicitó 10 años de prisión y 14 de inhabilitación para cada uno de ellos. Las defensas cambiaron su petición de absolución por la aplicación de la pena mínima para esos delitos, cuatro y medio de cárcel.
La sentencia considera acreditado que los acusados, que eran pareja de hecho, puestos «de común acuerdo», malversaron fondos de la Universidad del País Vasco con ánimo de lucro y falsificación de facturas para justificar esos ingresos.
De esta forma, afirma que el dinero salía de las cuentas de la institución académica, de las que ellos eran titulares y que estaban destinadas a másteres y convenios, para hacer pagos a sus propias empresas por servicios a la Universidad del País Vasco no realizados.
El jurado ha entendido que los caudales y bienes eran públicos, en contra de las argumentaciones de las defensas de los acusados, basándose en las declaraciones, sobre todo, del ex rector Manuel Montero, que denunció los hechos a la Fiscalía hace 12 años, además de en los testimonios miembros del servicio de Control Interno de la UPV, que investigaron las cuentas de Estomatología. Éstos aseguraron durante el juicio que los fondos que acabaron en las cuentas de los acusados eran de la Universidad.
La sentencia del magistrado presidente del Tribunal del jurado apunta que «el dinero se ingresa en las cuentas de la Universidad del País Vasco y el CIF contra el que se emiten las facturas es siempre el de la Universidad». De esta forma, se rechazan las argumentaciones de otros testigos, que sostuvieron en el juicio que el dinero no se podía considerar de la UPV, sino de los institutos colaboradores.
La sentencia del magistrado presidente del Tribunal del jurado indica que el jurado ha rechazado lo mantenido en sus declaraciones por los ex rectores, Juan José Goiriena -hermano del acusado- y Pello Salaburu, «cuyo testimonio significó más una convicción personal o una forma de proceder que un conocimiento fundado de la normativa universitaria».
De esta forma, cree que Goiriena y Barranquero pagaron con partidas económicas de másteres y postgrados de la universidad pública a un abogado en un pleito en que el estaba implicada la exdirectora de Estomatología, además del alquiler de un caserío en el que guardaron sillones de dentista que sacaron de la Facultad de Medicina y abonaron material de laboratorio para fines particulares, sin justificación ni autorización de la UPV/EHU.
También apunta que la universidad firmó dos convenios con el Departamento de Interior del Gobierno vasco y con el Ayuntamiento de Vitoria para desarrollar programas de salud. El dinero que pagaron ambas instituciones se ingresó en cuentas de la institución académica destinadas a esos trabajos, de las que Francisco Javier Goiriena y Montserrat Barranquero eran titulares.
Los acusados cargaron los gastos al Departamento de Estomatología para que sobrara dinero de las cuentas de los convenios, unos excedentes que se ha considerado que se apropiaban. También utilizaban los equipos y materiales de la Facultad de Medicina, con lo que obtenían mayores beneficios económicos.
 
BENEFICIOS ECONÓMICOS
La sentencia del magistrado presidente del Tribunal del jurado destaca que se trata de funcionarios, en este caso catedráticos de la UPV, además con cargos de responsabilidad en ella», que sustrajeron dinero y «lo hicieron con ánimo de obtener beneficio económico -que efectivamente obtuvieron-, o consintieron que otros sustrajeran caudales públicos». «Se ha aclarado que el dinero y los caudales eran en su totalidad de la Universidad», asegura tajante.
También subraya que el pago de facturas falsas se hizo «con sociedades constituidas con dicha finalidad» y que «faltaban a la verdad sobre los servicios que se decían realizados».
Por todo ello, considera que ha habido un delito continuado de falsedad en documento mercantil u oficial, en concurso con el delito continuado de malversación. Es decir, la falsedad se ejecuta «como medio para acometer la malversación».
«Las sociedades generan facturas simuladas de servicios inexistentes que se abonan con dinero de las UGAS administradas por los acusados, pesando, después, el dinero de las cuentas de la sociedad a poder de los acusados», señala.
El magistrado-presidente del Tribunal de Jurado, Juan Mateo Ayala, ha impuesto, por todo ello, la pena de cinco años y tres meses de prisión a cada uno de los acusados y nueve años de inhabilitación absoluta, además de al pago conjunto de 168.436 euros en concepto de responsabilidad civil a la UPV, con los intereses, y el abono de las costas procesales. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
 


 
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