§118. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CINCO. Comentario de Antonio María Lorca Navarrete
Doctrina: LAS INSTRUCCIONES A LOS JURADOS POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL JURADO NO SIEMPRE HAN DE HACERSE POR ESCRITO. LAS CUESTIONES PROPUESTAS AL JURADO EN EL VEREDICTO SOBRE LOS HECHOS DEBEN SER PROPOSICIONES FÁCTICAS Y NO JURÍDICAS AUNQUE PUEDEN INTRODUCIRSE CUANDO SEA NECESARIO LAS RELATIVAS A LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO PENAL
Ponente: Juan Saavedra Ruiz
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En la Villa de Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil cinco. En el recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por la representación de Pedro Miguel (acusación particular), contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha doce de noviembre de dos mil tres, que resuelve el recurso de apelación contra sentencia dictada por el Tribunal del Jurado por delito de homicidio; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, siendo parte el Ministerio Fiscal, estando representado el recurrente por la Procuradora Dª Concepción Tejada y Marcelino, siendo parte recurrida Estefanía representado por la Procuradora Dª María Ángeles Sánchez Fernández.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Seguido por la Audiencia Provincial de San Sebastián, Sección Tercera, el Procedimiento del Tribunal del Jurado, dimanante de la causa incoada por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de Irún con el número 1/01, se dictó sentencia con fecha uno de abril de dos mil tres, que contiene los siguientes Hechos Probados: "Probado y así se declara por el Jurado lo siguiente: que sobre las 00,00 horas del día 16 de noviembre de 2000 Estefanía, bajó de su domicilio, sito en la CALLE núm. - núm. 001 núm. 002 de la localidad de Irún, al Bar la Viña, sito en el número 5 de la misma calle, regentado por su cuñada Isabel, en el que estaba trabajando su mujer, Isabel, al ver a ésta desde el balcón en actitud cariñosa con Elisa, intentando éste besarla.- Al entrar en el bar y ante la actitud cariñosa que Elisa mantenía con su esposa, Estefanía, insulta a Elisa, que le propina un golpe, comenzando una pelea entre ambos, en el curso de la cual ambos se golpean y agreden mutuamente. Estefanía ante la superioridad física de Elisa y la situación de peligro que percibía, se dirige a la cocina y tras coger un cuchillo, regresa al bar, exhibiendo el cuchillo, y al no abandonar el bar Elisa, se produce una aproximación de ambos, y en ese momento Estefanía causa dos heridas a Elisa .- Elisa falleció en el Hospital Comarcal del Bidasoa a las 00,30 horas del día 16 de noviembre de 2000, a consecuencia de un shock hipovolémico secundario a la rotura cardíaca y presentaba una herida en la región pectoral izquierda y otra herida en el vacío renal izquierdo.- Estefanía fue detenido al día siguiente de los hechos en las proximidades del Puente de Santiago por agentes de la Ertzaintza.- Estefanía en el momento de los hechos presentaba sus facultades volitivas e intelectivas disminuidas en gran medida, a consecuencia de un estado pasional ante la actitud de Elisa con su esposa y la situación de ansiedad en la que el mismo se hallaba, derivada de la adaptación al haber llegado a España hacía cuatro meses". La Audiencia de instancia en la citada sentencia, dictó la siguiente parte dispositiva: "Fallamos: Que debo condenar y condeno a Estefanía como responsable en concepto de autor de un delito de lesiones con arma de los artículos 147 y 148.1º del C.P. en concurso del artículo 77 del C.P. con el delito de homicidio imprudente del artículo 142.1 del C.P., con la concurrencia de la circunstancia del artículo 21.3º del C.P. muy cualificada y la atenuante de legítima defensa del artículo 21.6º en relación con el artículo 20.4º del C.P., a la pena de tres años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y costas procesales, incluyendo las de la acusación particular.- A que indemnice a los familiares de Elisa en la suma de 150.000 euros". SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación del Ministerio Fiscal y de Pedro Miguel (acusación particular), dictándose sentencia por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con fecha doce de noviembre de dos mil tres, cuya parte dispositiva es la siguiente: "Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, así como el interpuesto por la Procuradora Dª María Teresa Bajo Auz, en nombre y representación de D. Pedro Miguel y, desestimando el recurso supeditado de apelación formulado por la defensa de Estefanía contra la sentencia de la Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado de la Sección Tribunal Jurado de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 1 de abril de 2003, dictada en la causa seguida contra dicho acusado por lesiones con arma en concurso con homicidio imprudente, debemos de confirmar y confirmamos la referida resolución, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta apelación". TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, por la representación de Pedro Miguel (acusación particular), que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso. CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó su recurso, alegando los motivos siguientes: PRIMERO.- Al amparo del núm. 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española. SEGUNDO.- Al amparo del núm. 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, inaplicación indebida del artículo 138 C.P. y aplicación indebida del artículo 21.6 en relación con el 20.4 y artículo 21.3, todos ellos del C.P.. QUINTO.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo, cuando por turno correspondiera. SEXTO.- Realizado el señalamiento para Fallo, se celebró la deliberación y votación prevenida el día 10 de marzo de 2005.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El correlativo lo formaliza la acusación particular por quebrantamiento de forma, mencionando como tal la falta de instrucciones del Magistrado-Presidente al Tribunal del Jurado (artículo 54 L.O.T.J. en relación con el 24.1 C.E.). De lo anterior extrae la existencia de error en la apreciación de la prueba ex artículo 849.2 LECrim. Sostiene que si las instrucciones hubiesen sido correctas la valoración de la prueba por los Jurados habría sido distinta y como consecuencia de ello también la calificación jurídica. Debemos ratificar los razonamientos aducidos por el Tribunal Superior al resolver idéntico motivo de apelación (fundamentos cuarto y quinto de la sentencia de apelación). Efectivamente, si no se constata en el acta correspondiente omisión o defecto en la impartición de las instrucciones y tampoco denuncia alguna por parte de la acusación particular, no es posible apreciar el quebrantamiento que se denuncia ni vulneración subsiguiente del derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 54 L.O.T.J. no establece que las instrucciones a los Jurados deban ser por escrito, con independencia de la constancia en el acta por el Secretario del cumplimiento de este trámite relevante y esencial en el juicio por Jurado. La presencia de la defensa técnica de las partes constituye salvaguarda y garantía de su corrección. Cumplido lo anterior, ausente cualquier denuncia o protesta, el Tribunal de casación no puede estimar quebrantamiento de forma alguno. El resto del motivo se esfuerza en revisar los hechos desde su propia perspectiva, es decir, tampoco se basa en un documento literosuficiente ex artículo 849.2 LECrim., única vía para apreciar el error que se pretende. El motivo, por ello, debe ser desestimado. SEGUNDO.- A continuación agrupa en un único motivo tres distintas infracciones de ley del artículo 849.1 LECrim., que debieron dar lugar a formalizaciones separadas. La primera, denuncia simultáneamente la aplicación indebida de los artículos 147, 148.1, 77 y 142.1 y la falta de aplicación de los artículos 138, 27 y 28, todos C.P.; la segunda la aplicación indebida de la atenuante por analogía del artículo 21.6 en relación con la eximente prevista en el 20.4, también del Texto sustantivo penal; y la última también la indebida aplicación de la atenuante prevista en el artículo 21.3 C.P.. Vamos examinar sucesivamente estos tres submotivos enunciados por ordinaria infracción de ley. A) El primero de ellos sostiene que la acción del acusado fue dolosa, conforme a la calificación de la acusación y del Ministerio Fiscal. El Tribunal del Jurado aceptó sin embargo la tesis de la defensa que calificó los hechos como constitutivos de un delito de lesiones en concurso ideal con el delito de homicidio imprudente, tesis que ratifica el Tribunal Superior en la sentencia dictada en grado de apelación. Habida cuenta la vía casacional empleada debemos partir de la intangibilidad del ""factum"" (artículo 884.3 LECrim.). La concurrencia de los elementos subjetivos del tipo, como es la culpabilidad del sujeto, se obtienen mediante juicio de inferencia a partir de los hechos externos y objetivos constatados en el relato histórico. Hemos señalado (S.S.T.S. 439 y 382/01, 590/03 o 1139/04) que las cuestiones propuestas al Jurado en el veredicto sobre los hechos deben ser proposiciones fácticas, y no jurídicas, evitando en todo caso la introducción de conceptos jurídicos que predeterminen el fallo. Entre estas proposiciones fácticas pueden introducirse, cuando sea necesario, las relativas a los elementos subjetivos del tipo, como es el ""animus necandi"", que en todo caso debe deducirse de datos objetivos sobre los que se efectúan pronunciamientos anteriores (artículo 52.1.a), apartado final, L.O.T.J.). Pues bien, estos elementos subjetivos tienen en realidad una naturaleza mixta fáctico-jurídica, en el sentido de que su valoración o apreciación está íntimamente vinculada a valoraciones o conceptos netamente jurídicos (como sucede con el carácter doloso de la acción). Por ello estos pronunciamientos o "juicio de inferencia" son revisables en casación por la vía del artículo 849.1 LECrim., tanto si se incluyen en el relato fáctico de una sentencia dictada por la Audiencia Provincial o por el Tribunal del Jurado. Los juicios de inferencia constituyen proposiciones en que se afirma, o eventualmente se niega, la concurrencia de un hecho subjetivo, es decir, de un hecho de conciencia, que por su propia naturaleza no es perceptible ni observable de manera inmediata o directa. Son conclusiones que se extraen de datos externos y objetivos que consten en relato fáctico, y aún cuando el propio juicio de inferencia se incluya también en el mismo como hecho subjetivo, es revisable en casación por la vía del artículo 849.1 LECrim., de forma que el ""factum"" vincula al Tribunal Superior (fuera del caso del artículo 849.2 LECrim.) cuando expresa hechos, acontecimientos o sucesos, pero no cuando contiene juicios de inferencia, que pueden ser revisados en vía de recurso siempre que se aporten elementos que pongan de relieve la falta de lógica y racionalidad del juicio, en relación con los datos objetivos acreditados. Sentado lo anterior, debemos volver al ""factum"" de la sentencia en el que se hace constar "..... Estefanía ante la superioridad física de Elisa y la situación de peligro que percibía, se dirige a la cocina y tras coger un cuchillo, regresa al bar, exhibiendo el cuchillo, y al no abandonar el bar Elisa ....., se produce una aproximación de ambos, y en ese momento Estefanía causa dos heridas a Elisa ...." que falleció en el hospital a las 0,30 horas del mismo día, "a consecuencia de un shock hipovolémico secundario a la rotura cardíaca y presentaba una herida en la región pectoral izquierda y otra herida en el vacío renal izquierdo". Como sostiene el Fiscal del Tribunal Supremo, que apoya el motivo, "tanto por el instrumento utilizado, como por la zona a la que se dirigió el ataque, como por la fuerza que tuvo que emplear, debe inferirse el ánimo de matar, siendo un dato más para valorar que incluso le volvió a clavar el cuchillo en una zona, si no letal como la primera, sí al menos notoriamente peligrosa para la vida". Conforme a la Jurisprudencia de esta Sala existe dolo cuando el autor conocía la situación en que actuaba, el instrumento o medio utilizado y la fuerza que empleaba en el golpe (S.T.S. 1027/04). Cuando el acusado se dirige a la cocina y vuelve a la sala del bar portando el cuchillo, aproximándose ambos contendientes, momento en el que causa a la víctima dos heridas, una de ellas dirigida a un órgano vital, se está describiendo una acción dolosa. Las circunstancias tenidas en cuenta por el Tribunal Superior para estimar que la intención del agente era lesionar al fallecido (la falta de premeditación es irrelevante) quedan totalmente palidecidas a la vista de los hechos concluyentes transcritos que por sí solos justifican el ánimo de matar. Es más, puede entenderse con nitidez que se trata de un supuesto de dolo directo, al menos, de segundo grado, donde el resultado se representa como una consecuencia inevitable de la acción. Existe el dolo directo, donde el agente quiere el resultado, el directo de segundo grado, donde dicho resultado se representa como una consecuencia inevitable de la acción, que admite el autor, y el llamado dolo eventual en el que el agente se representa el resultado como posible. En la culpa consciente, sin embargo, no se quiere causar la lesión, aunque también se advierte su posibilidad, y, sin embargo, se actúa. Se advierte el peligro pero se confía que no se va a producir el resultado. Por ello entre el dolo eventual y la culpa consciente existe una base de coincidencia: advertir la posibilidad del resultado, pero no querer el mismo. En el presente caso no cabe extraer la imprudencia, pues no es posible entender que el sujeto confiase en que el resultado no se iba a producir o que no lo aprobase o no se representase el alto grado de probabilidad de su concurrencia. Nos resta por examinar la relación del caso con el principio acusatorio, en la medida que no se suscitó en el juicio la existencia del dolo eventual, manteniendo que el concurrente sea de esta clase, puesto que las acusaciones entendieron que se trataba de dolo directo. Sin embargo, tampoco este argumento de los juzgadores puede prosperar. La S.T.C. 228/02, recogiendo la doctrina antecedente, en relación con el alcance del principio acusatorio, expone que "la adecuada correlación entre acusación y fallo, como garantía del principio acusatorio, implica que el Juzgador esté sometido constitucionalmente en su pronunciamiento por un doble condicionamiento, fáctico y jurídico. El condicionamiento fáctico queda constituido por los hechos que han sido objeto de acusación; de modo que ningún hecho o acontecimiento que no haya sido delimitado por la acusación como objeto para el ejercicio de la pretensión punitiva podrá ser utilizado para ser subsumido como elemento constitutivo de la responsabilidad penal", es decir, no se podrán incluir en los hechos probados elementos fácticos que sustancialmente varíen la acusación. Añade el T.C. que "lógicamente, este condicionamiento fáctico no implica que el Juzgador no tenga autonomía suficiente para redactar los hechos conforme a su libre apreciación de la prueba, incluyendo aspectos circunstanciales que no muten la esencia de lo que fue objeto de controversia en el debate procesal", con cita expresa (todo ello en el fundamento jurídico quinto) de las S.S.T.C. 14/1999 o 302/2000. El condicionamiento jurídico del principio acusatorio estriba en la calificación de los hechos realizada por la acusación. Atendidas las facultades del Juzgador penal, también señala el T.C., "por las cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio del ius puniendi, el Juez podrá condenar por un delito distinto al solicitado por la acusación siempre que sea homogéneo con él y no implique una pena de superior gravedad", también con cita de las S.S.T.C. 87 y 118/01, precisando finalmente que "lo decisivo a efectos de la lesión del artículo 24.2 C.E. es la efectiva constancia de que hubo elementos esenciales de la calificación final que de hecho no fueron ni pudieron ser plena y frontalmente debatidos" (S.T.S. 179/03). No es este el caso. No existe indefensión si tenemos en cuenta que los hechos no contienen una calificación jurídica sino la descripción histórica de lo sucedido sujeta posteriormente a la operación de subsunción del tipo penal aplicado. Los hechos permanecen inalterables y la calificación era por homicidio doloso y debemos recordar a este respecto que también el dolo eventual antes que eventual es dolo, luego la controversia jurídica abarcó la aplicación del tipo del artículo 138 como no podía ser de otro modo. Este submotivo, por ello, debe ser estimado. B) Se impugna también la aplicación indebida de la atenuante por analogía de legítima defensa. Efectivamente, la sentencia recurrida admite la falta del requisito de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión; sin embargo, estima la existencia de una agresión ilegítima de la que a la postre se deriva la aplicación de la atenuante por analogía. Para ello se esgrime como argumento que la riña fue obligada o impuesta al acusado. El Ministerio Fiscal también apoya el presente motivo. Con arreglo al ""factum"" no es posible sostener, en primer lugar, que la riña no sea mutuamente aceptada, y, en segundo lugar, que una vez transcurrido el primer episodio, cuando el acusado se dirige a la cocina y vuelve a la sala del bar portando ya el cuchillo, tiene lugar una ruptura causal (la víctima no persiguió al acusado), luego la agresión con el arma es cualitativamente distinta a la primera, que es aceptada mutuamente. La riña de esta clase excluye la apreciación de la eximente de legítima defensa tanto completa como incompleta. Pero igualmente no puede entenderse la vía analógica si la agresión es iniciativa del sujeto activo, como sucede en el presente caso. No es razón la superioridad física y la situación de peligro que percibía, pues éste no era ya inminente por lo señalado más arriba y por ello la superioridad física no tenía la relevancia adecuada. Como afirma el Ministerio Fiscal, cuando el acusado vuelve de la cocina "acepta y quiere otro nuevo y casi seguro enfrentamiento, pero ya con la superioridad que da la posesión del cuchillo". En estas condiciones no es posible aceptar una circunstancia por analogía a la legítima defensa. Este submotivo también debe ser estimado. C) El último submotivo denuncia la aplicación de la atenuante de estado pasional (artículo 21.3 C.P.). Ahora bien, en el ""factum"" se refleja que "en el momento de los hechos (el acusado) presentaba sus facultades volitivas e intelectivas disminuidas en gran medida, a consecuencia de un estado pasional ante la actitud de Elisa con su esposa y la situación de ansiedad en la que el mismo se hallaba, derivada de la adaptación al haber llegado a España hacía cuatro meses". El recurrente no ha impugnado esta parte del relato por la vía del error de hecho del artículo 849.2 LECrim., luego no puede discutir la integridad del mismo que se refiere precisamente a una disminución importante, dice "en gran medida", de sus facultades volitivas e intelectivas. A la vista de ello no existe el error de subsunción que se denuncia. Además, este sustrato fáctico que sirve de base a la disminución de la imputabilidad del acusado ha sido objeto de prueba en el juicio, valorada por el Tribunal del Jurado y ratificada por el de apelación. El submotivo debe ser desestimado. TERCERO.- Ex artículo 901.1 LECrim. las costas del recurso deben ser declaradas de oficio.
FALLO
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de ley dirigido por Pedro Miguel dirigido frente a la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en fecha 12/11/03, en causa seguida por delito de homicidio ante el Tribunal del Jurado constituido en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, casando y anulando la misma, declarando de oficio las costas del recurso y con devolución del depósito constituido al recurrente. Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
SEGUNDA SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil cinco. En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de Irún -causa número Diligencias Previas 1099/00-, por delito de homicidio contra Estefanía, con carnet de identidad núm. 003, nacido en China, en la provincia de Zhejiang, el día 22 de enero de 1973, en prisión provisional por esta causa; se dictó sentencia con fecha 12/11/03 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que se confirma la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado de fecha 01/04/03, que ha sido casada y anulada parcialmente por la pronunciada por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo en el día de la fecha bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz se procede a dictar esta Segunda Sentencia con arreglo a los siguientes.
ANTECEDENTES
UNICO.- Se aceptan los de la sentencia del Tribunal del Jurado y de la de Apelación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Se dan por reproducidos los razonamientos expuestos en los apartados A) y B) del fundamento jurídico segundo de la sentencia precedente y los de la casada que no se opongan a los anteriores. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de homicidio previsto y castigado en el artículo 138 C.P., siendo autor del mismo el acusado Estefanía, concurriendo la circunstancia atenuante de estado pasional muy cualificada. Teniendo en cuenta lo anterior procede rebajar la pena en un sólo grado atendido su alcance sobre la imputabilidad del procesado, como se revela en la propia descripción de los hechos, debiendo imponerse en su primer tramo, en la extensión de siete años habida cuenta la gravedad objetiva de la acción y las circunstancias de la agresión ya referidas en la primera sentencia.
FALLO
Que debemos condenar y condenamos a Estefanía como autor criminalmente responsable de un delito de homicidio, ya definido, concurriendo como muy cualificada la atenuante de estado pasional, a la pena de siete años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, manteniendo en su integridad el resto de los pronunciamientos de la sentencia casada. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Publicación.- Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
COMENTARIO:
Para nuestro auxilio se revela de una contrastada eficacia el que, el legislador de la LJ, se precie de racional ya que, de ese modo, no cupiera preverle nada superfluo. Así que, todas las palabras del texto de la LJ, han de reputarse necesarias y cumplen cometidos significantes. De modo, que, a ésta colección de habilidades semióticas del legislador de la LJ, se añaden otras aptitudes requeridas por la especificidad del discurso juradista en el que se haya inmersa la LJ; tales como de la que da cuenta el ponente SAAVEDRA RUIZ al decir que “el artículo 54 L.O.T.J. no establece que las instrucciones a los Jurados deban ser por escrito, con independencia de la constancia en el acta por el Secretario del cumplimiento de este trámite relevante y esencial en el juicio por Jurado” -énfasis mío-. Por lo que el intérprete ya no precisa afinar algo más de lo que lo ha hecho el referido ponente al conectar “el artículo 54 L.O.T.J.” con la racionalidad lingüística que nos arrima a la inconcusa conclusión consistente en que las instrucciones a los Jurados no tienen por qué hacerse por escrito.
De entrada, llama poderosa y positivamente la atención un común denominador que se observa en las parrafadas con las que nos deleita el ponente SAAVEDRA RUIZ: la tendencia a la fortaleza y a la altura de los datos normativos invocados por él mismo confirmando la pervivencia de una cultura juradista en torno a las cuestiones propuestas hechas al jurado por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado y que pone, la Administración de justicia, al servicio de paradigmas que no son, precisamente, formalistas y que no silencian la dimensión transformadora que supone la irrupción y consolidación, en las aludidas cuestiones propuestas, de los llamados “juicios de inferencia”.
Y es que no se trata sin más, por supuesto, de agobiar tal o cual artículo de la LJ enredándolo en una jungla de “pareceres” ¡No es eso! Pero, sorprende que, el ponente SAAVEDRA RUIZ, nos advierta “que las cuestiones propuestas al Jurado en el veredicto sobre los hechos deben ser proposiciones fácticas, y no jurídicas, evitando en todo caso la introducción de conceptos jurídicos que predeterminen el fallo” -énfasis mío- y, luego, nos confirme que «entre estas proposiciones fácticas pueden introducirse, cuando sea necesario, las relativas a los elementos subjetivos del tipo, como es el ""animus necandi"", que en todo caso debe deducirse de datos objetivos sobre los que se efectúan pronunciamientos anteriores (artículo 52.1.a), apartado final, L.O.T.J.)» -énfasis mío-. O sea, que no es lo mismo que la proposición lo sea exclusivamente fáctica a que, esa misma proposición, pueda verse “introducida” por proposiciones fácticas relativas a los elementos subjetivos del tipo penal como una exigencia de principios materiales que obligan a los jurados a justificar -motivar- su propio veredicto.
La “complementación” que se propicia -¡que no és fragmentación ni atomización!- no es, de ningún modo, gratuita; ofrecerá a los jurados unos suculentos réditos que, enseguida, apreciaremos de la mano del ponente SAAVEDRA RUIZ. Por lo pronto, esos elementos subjetivos del tipo penal “tienen, en realidad -al decir del nuestro esforzado ponente-, una naturaleza mixta fáctico-jurídica, en el sentido de que su valoración o apreciación está íntimamente vinculada a valoraciones o conceptos netamente jurídicos (como sucede con el carácter doloso de la acción)” -énfasis mío-.
En efecto, una vez desgajado el recortable (los antedichos elementos subjetivos del tipo penal) nos hallamos, de bruces, ante los denominados «pronunciamientos o "juicio de inferencia"» que, al decir del ponente SAAVEDRA RUIZ, “son revisables en casación por la vía del artículo 849.1 LECrim., tanto si se incluyen en el relato fáctico de una sentencia dictada por la Audiencia Provincial o por el Tribunal del Jurado” -énfasis mío- por lo que aflora, entonces, la naturaleza mixta fáctico-jurídica en el sentido de que la valoración o apreciación de aquellos -los aludidos elementos subjetivos del tipo penal, se entiende- está íntimamente vinculada a valoraciones o conceptos netamente jurídicos. No exclusivamente fácticos pertenecientes al hondo parecer subjetivo de los jurados y que los harían irrevisables ¡No, no es esa la conclusión a adoptar! ¿Por qué? Porque «aún cuando el propio juicio de inferencia se incluya también en el mismo como hecho subjetivo, es revisable en casación por la vía del artículo 849.1 LECrim., de forma que -dice el ponente- el ""factum"" vincula al Tribunal Superior (fuera del caso del artículo 849.2 LECrim.) cuando expresa hechos, acontecimientos o sucesos, pero no -apostilla- cuando contiene juicios de inferencia, que pueden ser revisados en vía de recurso siempre que se aporten elementos que pongan de relieve la falta de lógica y racionalidad del juicio, en relación con los datos objetivos acreditados» -énfasis mío-.
Y ¿cómo conceptuar los tales pronunciamientos o "juicio de inferencia? Nos lo indica el propio ponente SAAVEDRA RUIZ cuando dice que “los juicios de inferencia constituyen proposiciones en que se afirma, o eventualmente se niega, la concurrencia de un hecho subjetivo, es decir, de un hecho de conciencia, que por su propia naturaleza no es perceptible ni observable de manera inmediata o directa. Son conclusiones que se extraen de datos externos y objetivos que consten en relato fáctico” -énfasis mío-. Pero, ¿basta con esa sola conceptuación? La respuesta es negativa. Es preciso, entonces, andar lo que se anduvo y volver al punto de partida -y justificación de los aludidos pronunciamientos o "juicio de inferencia-: la naturaleza mixta fáctico-jurídica, en el sentido de que su valoración o apreciación está íntimamente vinculada a valoraciones o conceptos netamente jurídicos que les hace -ya lo hemos dicho- revisables en casación por la vía del artículo 849.1 LECrim cuando “aporten elementos que pongan de relieve la falta de lógica y racionalidad del juicio, en relación con los datos objetivos acreditados” -énfasis mío-. Bien. No nos dejemos prender por falacias que puedan sustentarse en criterios discordantes al expresado porque, el expresado, disipa la supuesta turbiedad de las cuestiones propuestas al jurado en el veredicto si, claro está, nos tomamos en serio la advertencia que nos hacía, más arriba, el ponente SAAVEDRA RUIZ cuando decía “que las cuestiones propuestas al Jurado en el veredicto sobre los hechos deben ser proposiciones fácticas, y no jurídicas, evitando en todo caso la introducción de conceptos jurídicos que predeterminen el fallo” -énfasis mío-.
Así que -¡ya!- se está en mejor posición de aprehender -creo- la magnitud que afecta la proposición fáctica, en la narración de los hechos, que someta, el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, a los jurados como objeto del veredicto.
Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Antonio María Lorca Navarrete
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